El BOE ha publicado
este viernes los datos de los republicanos que perdieron la vida en los campos
de concentración de la Segunda Guerra Mundial
Prisioneros
republicanos españoles reciben a las fuerzas americanas el 5 de mayo de 1945,
día de la liberación de Mauthausen-Gusen. GETTY IMAGES
NICOLÁS PAN-MONTOJO
Durante años, los
datos de 4.427 personas que murieron en el campo de concentración nazi de
Mauthausen-Gusen entre 1940 y 1945 estuvieron arrinconados en unos viejos
libros de la sede del Registro Civil Central, en la madrileña calle de la
Montera. Nombres, apellidos, lugares de nacimiento y fechas de defunción que
permitían unir los crímenes nazis con las miles de historias personales de
estos españoles republicanos, que lucharon en dos guerras y sufrieron lo
indecible hasta encontrar su final en un campo de concentración. Tras fijar el
5 de mayo como un día para homenajear todos los años a las víctimas españolas
del nazismo, el Gobierno ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) los datos de todas las víctimas españolas de Mauthausen.
El objetivo de este
edicto, además de reconocer a estas personas, es el de que los familiares y
descendientes de las víctimas puedan cotejar por sí mismos los datos
disponibles. La lista publicada en el BOE ha sido coordinada por un grupo de
historiadores, dirigidos por el profesor de la Universidad Complutense de
Madrid, Gutmaro Gómez Bravo, que asegura que “hay datos de apellidos o lugares
de origen que pueden ser erróneos porque muchos prisioneros de guerra tenían
miedo de que hubiera represalias contra sus seres queridos o compañeros
políticos”. “Es un valioso documento histórico, pero tiene posibles errores y
por eso se abre un proceso de alegaciones”, explica Jorge del Hoyo, coordinador
académico de la comisión interministerial para el 80 aniversario del exilio
republicano, una condición política que tenían “el 99,9%” de las víctimas de
Mauthausen.
A los 4.427 nombres
que aparecen en los libros se han añadido 695 más tras el trabajo de los
historiadores, que han utilizado fondos de asociaciones como la Amical de
Mauthausen para tratar de poner nombre y apellidos a todas las víctimas
españolas del genocidio nazi, también aquellas que acabaron en otros campos y
que se registrarán en futuras inscripciones. Gómez Bravo asegura que este
trabajo de registro es “muy importante” desde un punto de vista de memoria
histórica porque, cuando la España franquista recibió los archivos, los
escondió. Reunidos en 10 volúmenes, debían haber servido para que los
familiares de las víctimas pudieran reclamar compensaciones tanto a Alemania
como a Francia, pero fueron olvidados a propósito.
“Las defunciones de
estas personas nunca fueron inscritas en el Registro Civil. Esta es una manera
de devolverles la dignidad”, opina la magistrada del Registro Civil Amalia
Basanta, instructora de este expediente. Han pasado 74 años desde que las
tropas americanas fueran recibidas, precisamente un 5 de mayo, por los presos
republicanos con una enorme pancarta que rezaba: "Los españoles
antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras". Hasta ese momento, casi
10.000 habían pasado por este grupo de campos de concentración nazis situados
en torno a la empresa de Mauthausen en Austria, donde se utilizaba la mano de
obra esclava para extraer granito en varias canteras de la zona. En torno a la
mitad de estos prisioneros pudieron vivir para contarlo, pero los datos de
aquellos que no pudieron superar las terribles condiciones de los campos han
recorrido un largo camino hasta llegar al BOE.
“En el año 51 se
recibieron de Francia una serie de oficios a las autoridades españolas,
comunicando los datos de identidad, fechas de nacimiento y fechas de defunción
de los ciudadanos fallecidos en los campos, sobre todo en Mathausen-Gusen”,
relata Basanta. Los libros, según explica Del Hoyo, fueron el resultado de la
recopilación de fichas de identidad que realizaban presos españoles, obligados
por los alemanes. Cuando se acercaba la fecha de la liberación del campo,
consiguieron que los oficiales nazis no destruyeran las pruebas de su barbarie
guardándose parte del archivo. Una de las personas claves en ese trabajo fue el
barcelonés Joan de Diego Herranz, que consiguió sobrevivir a la guerra y murió
en 2003, con 87 años, en su ciudad natal.
La mayoría de las
víctimas eran republicanos que habían cruzado la frontera francesa en los
últimos meses de la Guerra Civil y que pasaron a formar parte del Ejército
francés o se integraron en la Resistencia francesa. También había mujeres y
niños procedentes de los campos de refugiados del sur de Francia. Cuando el
país cayó bajo el dominio nazi y se instauró el régimen de Pétain, estos
republicanos fueron trasladados a Austria. La iniciativa vino del Gobierno de
Franco: el ministro de Gobernación y cuñado del dictador, Ramón Serrano-Suñer,
acordó con la cúpula nazi que todos los prisioneros de guerra españoles fueran
realojados en campos de trabajo. Actualmente, solo quedan seis con vida.
Basanta asegura que
la iniciativa de Justicia tiene como objetivo “la reparación” de las víctimas,
con la intención de “sacar del olvido a estas personas, con efectos inmediatos
desde un punto de vista jurídico". La magistrada aclara que aunque este
edicto no significa por sí mismo que las víctimas o sus descendientes adquieran
la nacionalidad, sí es “una forma de reconocerlos como españoles, porque
tenemos la competencia para inscribir los fallecimientos de españoles en el extranjero”.
El Ministerio de Justicia proyecta también la colocación en Madrid de un
monolito que recordará la memoria de estas víctimas del nazismo, que podrán por
fin volver a España aunque solo sea a través de la constatación legal de su
muerte.
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