Cientos de defensores de la
naturaleza son asesinados sistemáticamente en América Latina. La autora habla
hoy a las 19.00 en La Casa Encendida (Madrid)
BIANCA JAGGER
La vida de Berta era un
símbolo de valor inquebrantable y de compromiso con la defensa de los derechos
humanos y la protección del medio ambiente. Su muerte forma parte de una
epidemia de asesinatos inadmisibles de defensores ambientalistas en América Latina.
En el año 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman conocido
como el Nobel Verde —un prestigioso premio que reconoce a activistas
comunitarios del medio ambiente de todo el mundo—.
A lo largo de los años
previos a su asesinato, Berta Cáceres recibió numerosas amenazas de muerte y
sobrevivió a varios intentos de secuestro debido a su trabajo en defensa del
territorio indígena Lenca y en contra del proyecto de construcción de la
represa Agua Zarc en Río Blanco. Las amenazas habían aumentado desde que la
construcción de la represa fuera reanudada. Berta Cáceres recibió 33 amenazas
de muerte durante las tres semanas que precedieron a su homicidio. El activista
mexicano Gustavo Castro Soto, que estaba con Berta la noche del asesinato,
también resultó herido durante el ataque. En declaraciones a Amnistía
Internacional dijo: “Era evidente que la iban a matar".
Las investigaciones sobre
el asesinato de Berta Cáceres han dado resultados inquietantes. Una
investigación independiente realizada por The Guardian reveló que fue un
“asesinato extrajudicial planificado por especialistas de inteligencia militar
vinculados a las fuerzas especiales del país, entrenadas por Estados Unidos”.
El año pasado, The Guardian informó de que un exsoldado hondureño había dicho
que había visto el nombre de Cáceres en una lista negra que había sido entregada
a las unidades entrenadas por Estados Unidos. Ocho hombres han sido arrestados
en relación con el asesinato, entre ellos uno que aún sigue en las fuerzas y
dos oficiales militares retirados. El sargento primero Rodrigo Cruz, un
exsoldado, declaró que dos unidades de élite habían recibido las listas con los
nombres y fotografías de los activistas. Recibieron órdenes para eliminar a
cada objetivo. El comandante de la unidad de Cruz desertó en vez de acatar la
orden. Luego al resto de la unidad le dieron permiso para ausentarse. El
asesinato de Berta Cáceres provocó un clamor mundial y aumentó la presión de la
comunidad internacional para que Estados Unidos retire su apoyo militar en
Honduras. Hasta ahora, sin ningún resultado.
En 2015, en el que fue el
peor año, fueron eliminados 185 medioambientalistas
La ejecución de Berta fue
una tragedia, una gran pérdida para sus seres queridos, un golpe para la
protección medioambiental en Honduras y un crimen horrible por el cual no se ha
hecho justicia. Pero no es un crimen aislado. El sistemático asesinato de
defensores del medio ambiente es un infame ataque a los derechos humanos.
Tan solo en enero y febrero
de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue informada
del asesinato de 14 defensores de derechos humanos: siete en Colombia, dos en
Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua. Solo durante 2016, 281 activistas
alrededor del mundo fueron asesinados por defender sus causas. La mitad de
estos activistas protegía su tierra, defendía sus derechos indígenas o sus
derechos ambientalistas. En 2015 otros 185 defensores del medio ambiente fueron
asesinados, en lo que fue el peor año; un total de víctimas mortales más del
doble de los periodistas asesinados en el mundo según el Global Witness and the
World Resources Institute.
Brasil es el país más
peligroso para los activistas del medio ambiente —durante el año 2015,
cincuenta fueron asesinados—. Las Filipinas consiguieron el dudoso honor de
obtener el segundo lugar con una cifra de 33 activistas asesinados, y Colombia
el tercer lugar con 26.
Es momento de exigir que la
matanza de defensores del medio ambiente cese. Los Gobiernos deben actuar,
deben implementar sistemas de protección exigibles por ley y deben llevar a los
culpables ante la justicia. Desafortunadamente, en algunos casos los Gobiernos
son cómplices de las hidroeléctricas, de las mineras, de las petroleras, de las
industrias del gas y de otras corporaciones. En algunos países, los asesinatos
de defensores ambientalistas son perpetrados con total impunidad.
Los gobiernos deben
implementar sistemas de protección exigibles por ley y hacer justicia
Los perpetradores seguirán
en libertad a no ser que los Gobiernos y la comunidad internacional actúen. A
medida que los recursos naturales van escaseando y la presión por disponer de
ellos aumenta debido al incremento de la población, las disputas sobre los
derechos de la tierra se van intensificando, sobre todo con respecto a la
exploración petrolífera, las hidroeléctricas, la explotación minera y
agropecuaria, y la tala. Las comunidades y los pueblos indígenas son los que
más sufren. Dada la falta de mecanismos legales vinculantes para protegerles
internacionalmente, la responsabilidad debe ser asumida por cada país de manera
individual.
Los Gobiernos deberían
explicar con detalle cómo intentan proteger a los defensores del medio ambiente
y al territorio nacional, abordar la raíz de la violencia a la que se enfrentan
y garantizar que las comunidades locales puedan participar en el proceso de toma
de decisiones que atañen el uso de sus tierras y sus recursos naturales; tal
como la ley internacional dicta que deberían hacerlo.
Los Gobiernos y las
instituciones financieras internacionales deben hacer que su ayuda e inversión
estén sujetas a la condición de responsabilidad: la implementación de medidas
para salvaguardar los derechos humanos, que incluya la protección del medio ambiente,
el derecho a la libertad de expresión y asociación. Las compañías no deberían
emprender proyectos en países donde estas medidas básicas de protección no han
sido acordadas. Si no cumplen con sus compromisos, deberían ser sancionadas en
sus propios países y en el mercado. La epidemia de violencia contra los
defensores ambientalistas debe ser abordada en suelo nacional, además de en el
extranjero.
Insto a los líderes
mundiales a prestar atención a las palabras de Berta Cáceres: “La madre tierra
—militarizada, cercada, envenenada— nos exige actuar”.
Bianca Jagger es presidenta
y directora de la Bianca Jagger Human Rights Foundation; embajadora de buena
voluntad del Consejo de Europa y miembro del Consejo de Directores Ejecutivos
de Amnesty International USA.
http://elpais.com/elpais/2017/05/16/opinion/1494931421_490708.html
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