Nueve municipios de más de
15.000 habitantes no cumplen todavía con las directrices comunitarias
MANUEL PLANELLES
Tras casi 30 años de
incumplimientos, ninguna de las partes implicadas duda de que España será
sancionada este miércoles por la mala depuración de las aguas residuales. La
incógnita es cómo de abultada será la multa. La Comisión Europea pide más de 50
millones solo por el incumplimiento en 17 aglomeraciones urbanas, la mayoría en
Andalucía; y 171.217,2 euros de multa más al día mientras persista el
deficiente tratamiento. Bruselas asegura que en nueve de los 17 casos aún no se
depura correctamente, con lo que la factura seguirá creciendo.
Desagüe en una de las
playas de Tarifa, en Cádiz. MARCOS MORENO
En los últimos 27 años ha
dado tiempo para que España tenga tres presidentes socialistas y dos populares.
Pero ninguno de estos Ejecutivos del PP y del PSOE ha cumplido completamente
con la directiva sobre el correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas.
La norma data de mayo de 1991. Y, tras un sinfín de avisos de Bruselas, cartas
de emplazamiento e, incluso, condenas –aunque sin sanciones–, la primera multa
por los incumplimientos sostenidos de la normativa comunitaria está previsto
que llegue este miércoles desde el Tribunal de Justicia de la UE. Y será
millonaria, como han reconocido el Ejecutivo español y la Comisión.
España se unirá así al club
de países de la Unión Europea –entre los que figuran ya Bélgica, Luxemburgo,
Grecia, Portugal e Italia– sancionados por estos mismos incumplimientos.
LAS 17 AGLOMERACIONES
Las 17 aglomeraciones
urbanas de más de 15.000 habitantes por las que España fue llevada ante el
Tribunal de Justicia de la UE son:
Andalucía. Matalascañas,
Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de
Alcántara, Nerja y Barbate.
Asturias. Gijón Este.
Galicia. Santiago de
Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo.
Comunidad Valenciana. Benicarló,
Peñíscola y Teulada-Moraira.
Canarias. Noreste (Valle
Guerra) y Valle de Güímar.
Cuando la ministra para la
Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, llegó al cargo sabía lo que
se venía encima. "Estamos a punto de recibir la notificación de multas
coercitivas muy importantes por el incumplimiento de las obligaciones de
saneamiento y depuración", adelantaba en una entrevista a EL PAÍS. Unos
días después, en el Congreso de los Diputados, insistió en la misma idea y en
"los deficientes y preocupantes niveles de depuración de aguas
residuales" de España. La ministra Ribera propuso "un plan de
choque". El anterior Ejecutivo ya declaró algunas depuradoras de
"interés general" para asumir las costosas obras de construcción de
esas instalaciones, que requieren de varios millones de euros de inversión.
Norma de 1991
España tiene abiertos
cuatro expedientes por incumplimientos de aquella directiva de tratamientos de
las aguas residuales urbanas de los años noventa. El expediente sobre el que se
pronunciará este miércoles el Tribunal de Justicia de la UE y que acarreará esa
primera sanción hace referencia a las obligaciones que tenían que cumplir las
aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes –la norma era más o menos
estricta en función del tamaño de las localidades–. La directiva de 1991
establecía que los municipios de más de 15.000 habitantes tenían que cumplir
con una serie de requisitos sobre colectores y tratamiento para evitar que se
vertieran aguas residuales sin control a los ríos o mares. Y la fecha tope que
se daba era el 1 de diciembre de 2000.
Llegó 2008 y los
Ayuntamientos y comunidades autónomas de España no habían cumplido. La Comisión
Europea demandó entonces al país ante el Tribunal de Justicia. España fue
condenada en 2011 por el incumplimiento en 37 aglomeraciones de más de 15.000
habitantes.
Pero, como ocurre en los
procesos sancionadores de la UE, la primera condena es solo un aviso; no
acarrea multa alguna. La Comisión dio a España un nuevo plazo para que esos 37
municipios cumplieran con la directiva de 1991. El plazo expiró el 31 de julio
de 2013 y 17 aglomeraciones –con una población aproximada de 1,4 millones–
seguían sin depurar correctamente, explican fuentes de la Comisión.
Bruselas esperó aún casi
cuatro años más para llevar a España ante la justicia. Pero, tras constatar el
"deficiente progreso registrado", demandó a España en abril de 2017.
Esta vez sí iba en serio.
La Comisión pedía una sanción "a tanto alzado" que supondría más de
50 millones de euros. Además, mientras persistan los problemas en todas las
localidades denunciadas, Bruselas solicitaba una multa diaria de 171.217,2
euros. Será el Tribunal de Justica el que tenga que imponer hoy las sanciones.
El pasado 19 de abril,
cuando se celebró la vista oral del caso, la Comisión aseguró que aún persisten
los incumplimientos en nueve de los 17 casos, detallan fuentes comunitarias. Se
trataba de siete casos en Andalucía, uno en Asturias y otro en Canarias. La
defensa de España, sin embargo, rebajó esa cifra a siete, según explican las
mismas fuentes.
Ya sean siete o nueve, el
incumplimiento persiste. Y en algunos casos parece que va para largo. Por
ejemplo, en Barbate (Cádiz) o en el núcleo de Matalascañas, en pleno espacio
natural de Doñana. En ninguno de estos dos casos se han iniciado las obras. En
otros, como la depuradora de Gijón Este, la planta está construida pero
paralizada en los tribunales tras varios pleitos y pronunciamientos de los
tribunales españoles.
Cuando hace un par de años
la Comisión anunció esta demanda, Bruselas recordó que "las autoridades
autonómicas deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean debidamente
recogidas y tratadas". Pero es al Estado —que al final se hizo cargo de
muchas de las obras— al que sanciona el Tribunal de Justicia. La Comisión
también resaltó entonces que "la falta de un nivel adecuado de recogida y
tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la
salud humana, las aguas interiores y el medio marino".
"NO SE HA LLEGADO A
TIEMPO"
De las 17 aglomeraciones
que la Comisión Europea llevó ante el Tribunal de Justicia de la UE, tres
estaban en la Comunidad Valenciana. En los tres casos —Benicarló, Peñíscola y
Teulada-Moraira— Bruselas y el Gobierno español dan por solucionado el problema
a día de hoy. Otros tres casos —Santiago, Vigo y Aguiño-Carreira-Ribeira— son
de Galicia y fuentes de la Comisión también lo consideran solventados ya. Lo
mismo ocurre con la depuración de la zona Estepona-San Pedro (Málaga) y Valle
Guerra (Tenerife).
Pero en nueve casos la
Comisión no cree que aún este solucionado el problema. En Canarias está el caso
de Valle Güímar y en Asturias, Gijón Este. Pero la mayor acumulación de
incumplimientos aún vivos en este expediente, sin duda, se da en Andalucía. No
se han solucionado los problemas —según la Comisión— en Isla Cristina,
Matalascañas, Barbate, Tarifa, Coín, Alhaurín el Grande y Nerja. El consejero
de Medio Ambiente de Andalucía, José Fiscal, admite que no se han completado
las obras de depuración en la mayoría de municipios. “Quedaba tanto por hacer
en depuración en España y Andalucía que no se ha llegado a tiempo”, responde
cuando se le pregunta por las razones por las que no se ha cumplido en estos 27
años con la directiva de depuración de aguas residuales.
De las ocho que están
pendientes según la Comisión en Andalucía, cuatro son obras que debería
acometer la Junta y otras cuatro el Gobierno central, que decidió declararlas
de interés general. En uno de los casos, el de Tarifa, Fiscal asegura que la
semana pasada se remataron las obras y la depuradora fue entregada al
Ayuntamiento.
https://elpais.com/politica/2018/07/24/actualidad/1532458329_809489.html
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